Las advertencias a Bruselas sobre los límites al desarrollo de la minería

Un Dictamen del Comité Económico Social y Europeo, elaborado en 2008,  insta a Bruselas a mejorar el marco jurídico para potenciar la minería en la UE con políticas encaminadas a proteger el medio ambiente y el desarrollo industrial

«El 70% de la industria europea depende de sustancias extraídas del subsuelo, en un momento en que la Unión Europea afronta una reestructuración de gran envergadura en el sector de la minería con el precio de los metales al alza». Esta frase forma parte de las conclusiones del Dictamen La minería no energética en Europa, elaborado en 2008 por el Comité Económico y Social Europeo (CESE), con sede en Bruselas, que avanza todo un recetario de recomendaciones a la Comisión Europea para garantizar el suministro tanto interno como internacional con políticas plenamente respetuosas con el medio ambiente.

El CESE es un órgano consultivo de la UE que representa los intereses de los distintos grupos económicos y sociales de Europa. Formado por alrededor de 350 personas, entre las que destacan empresarios, trabajadores, agricultores, artesanos, industrias, consumidores, movimientos ecologistas y miembros destacados de la comunidad científica.

El Comité Económico y Social Europeo emite dictámenes sobre propuestas legislativas. En la práctica es el termómetro sociológico tanto de la industria como de los agentes sociales de la Unión Europea. Los miembros de la entidad son designados por los gobiernos nacionales para un periodo de cinco años

La sede del Comité Económico Social Europeo en Bruselas

La necesidad de legislar mejor

La Unión Europea está muy preocupada por los límites y dificultades que existen en la actualidad para la obtención de materias primas en Europa. En el citado Dictamen, al que ha tenido acceso este blog, el CESE alerta de que «ni la UE ni sus Estados miembros han evaluado el pleno impacto de la globalización sobre la oferta y la demanda de los recursos minerales».

Por ello, el órgano consultivo de la UE ya instaba en 2008 a la imperiosa necesidad de fijar un marco jurídico estable «para la extracción de minerales y los procedimientos de permisos de exploración», mediante el intercambio de buenas prácticas con «la integración de los estudios geológicos, así como con consultas a los operadores ya presentes en las áreas afectadas por la planificación de infraestructuras y protección de la naturaleza».

Así, el CESE recomienda un sistema de «ventanilla única, un punto de contacto para todas las partes interesadas que participen en la concesión de permisos y que estén en condiciones de evaluar los aspectos económicos, sociales y medioambientales».

En definitiva, legislar mejor, conseguir una mayor eficiencia, eliminar exceso de cargas administrativas y facilitar las actividades de exploración con el máximo respeto al medio ambiente.

Las recomendaciones pasan por establecer «incentivos a las empresas de exploración» sobre la base de un marco legal que fomente la «seguridad jurídica de los arrendamientos de los terrenos a explotar a fin de aumentar la confianza de los inversores», para reducir, en este contexto, el tiempo necesario para la adquisición del espacio para la actividad industrial y asegurando «una aplicación coherente en cuanto a la compatibilidad de los objetivos de protección de la naturaleza con la extracción de recursos minerales».

Un automóvil contiene hasta 150 kilogramos de minerales y más de una tonelada de metales

Estas son algunas de las opiniones del órgano consultivo de la UE para el futuro suministro de materias primas, que son esenciales en la sociedad. Tal y como destaca el informe, los minerales no energéticos son materiales básicos en nuestra vida cotidiana: «un edificio puede albergar 150 toneladas de minerales en forma de cemento, arcilla, yeso, carbonato cálcico, materiales compuestos, vidrios, pintura, cerámica, tejas y toneladas de metales».

La mina de uranio a cielo abierto de Salamanca

El suministro internacional

El Comité Económico Social y Europeo reconoce que «son muchas las razones para importar materias primas desde fuera de la UE». Textualmente, en su Dictamen, el CESE subraya que «el hecho de que los productos importados durante su proceso de producción puedan no haber cumplido las normas ambientales y sociales europeas podría dar lugar no sólo a una pérdida de competitividad de la economía europea, sino también a una relocalización de los problemas medioambientales y sociales».

Por tanto, para la UE es esencial potenciar la minería en su territorio. Con reglas del juego que aporten facilidades a las empresas con la extracción de materias primas, pero también para no estar condicionado a la dependencia del exterior, sobre todo de países en vías de desarrollo donde los controles ambientales son menores o incluso no existen.

Entre las recomendaciones se destaca «determinar cuáles son los recursos estratégicos e identificar y documentar los flujos de importación y exportación de materias primas evaluando su fiabilidad política y económica a largo plazo», así como «incentivar la aplicación de las normas europeas en los países de origen a través de programas de cooperación».

Fotografía de Pixabay

Según datos recabados por este blog de fuentes del sector del Derecho, la inseguridad jurídica en la obtención de permisos, en algunos países, genera «costes sobrevenidos de un 30%» en los proyectos mineros. Este importante incremento devalúa por tanto las actividades empresariales y motiva que las empresas mineras no europeas prefieran desarrollar su negocio fuera de la UE, donde los estándares de seguridad y salud de los trabajadores, así como los controles medioambientales de las administraciones, son infinitamente inferiores con respecto a Europa.

En España, en pleno debate sobre minería sí minería no, sigue en marcha el intercambio de documentación e informes sectoriales entre empresas y administraciones, como en el caso concreto de la mina de Touro, aún pendiente de validación por parte de la Xunta de Galicia.

Mientras no desaparecen las movilizaciones en contra del sector de la minería. Con posiciones encontradas entre empresas que defienden la seguridad de sus proyectos y movimientos ecologistas que se posicionan en contra, en un clima condicionado por las tensiones y los intereses económicos al calor del contexto político electoral que se aproxima con las elecciones municipales y autonómicas.

Este fin de semana trece movimientos sociales de cinco comunidades autónomas han aireado sus críticas coincidiendo con el Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto, poniendo de manifiesto su disconformidad por los más de 2000 expedientes mineros solicitados en todo el territorio nacional. 

El Periodismo merece respeto

El periodismo debe ser incómodo, independiente. Tolerancia cero contra las instituciones que compran favores con subvenciones y todas aquellas empresas y agencias que utilizan a los periodistas como mercancía barata. Hay que proteger una profesión esencial para el sector privado y que en su vocación de servicio público representa la columna vertebral de la Democracia

Culpar a Internet de la crisis insoportable que está sufriendo el periodismo me parece una opinión ingenua y un tanto descabellada. Es cierto que el auge de las nuevas tecnologías ha zarandeado el modelo de negocio en los medios de comunicación, un sector que agoniza y se hunde por la caída de la publicidad, lo que está provocando una oleada dramática de expedientes de regulación de empleo y despidos en masa a bajo coste de profesionales de la información.

La información es poder. Y el poder quiere controlar la información. Pero que no se olvide una cosa: los principales clientes de los periódicos, las televisiones y las emisoras de radio son los lectores, los televidentes y los oyentes, nunca los anunciantes y las instituciones

Pero el verdadero cáncer que tiene el periodismo es que ha perdido la credibilidad ante la sociedad. Le pasa como a la política. Y gran parte de esta culpa la tienen las grandes empresas periodísticas y los que nos dedicamos a este oficio acatando órdenes. Me duele escribir estas líneas, pero es lo que pienso, y las opiniones son libres, o deberían.

Fotografía de revistamirall.com

Internet no ha machacado al periodismo. Más bien el periodismo se ha hecho el haraquiri. Mucho antes de que llegaran las redes sociales y de que nos invadiera el mastodonte digital los periodistas estábamos abriéndonos el vientre en canal escribiendo frente al ordenador. Redactando en papel o hablando para la televisión y las emisoras.

En esta marabunta que es Internet se hace indispensable ordenar, jerarquizar y contrastar la información, separando las opiniones de los datos, para hacérsela más comprensible a los ciudadanos y que puedan adoptar sus propios criterios

Una cosa es trabajar a gusto en un medio que comparte tus ideas y principios, pero otra bien distinta es anteponer esas ideas y principios a la máxima de la ciencia periodística: la búsqueda de la verdad con rigor y objetividad. Comercializar con la información es peligroso y cínico.

La verdad hay que contarla, no negociar con ella para ganar dinero. Que una noticia no se cuente porque mancha la imagen de un anunciante es un atentado contra la democracia. Depender de los ingresos de una institución, una multinacional o un partido político para informar a la sociedad de un tema de interés general es mancharse de excrementos.

Y claro, esto no es un brindis al sol. El periodismo necesita dinero para sobrevivir. Pero los billetes no deberían manejar las líneas editoriales a su antojo. Hace tiempo que la prensa dio la espalda a los lectores, que la televisión olvidó a sus televidentes, que la radio ignoró a sus oyentes.

El periodismo es la columna vertebral de una sociedad democrática. Sin este oficio nada existe, sólo el silencio y la represión intelectual. Estamos asistiendo al cambio de una era, un ciclo nuevo donde cada vez más se rehúye del análisis porque lo que manda es la inmediatez, la basura, la información que se cuenta rápido y sin contrastar, siguiendo intereses mercantiles.

Por eso la gente ya no compra periódicos. Porque no se cree lo que dicen. Y eso es grave y triste. Y doloroso.

Afortunadamente, cada vez hay más concienciación con la aparición de nuevos medios que no dejan a un lado a sus verdaderos clientes, los ciudadanos. Y esto no es ojana. Es libertad. Porque en mi blog escribo lo que me da la gana.

La Ley en el sector de la minería

Conoce la enorme burocracia administrativa que deben afrontar los promotores de proyectos mineros para desarrollar su actividad con todas las garantías legales

La valoración de pros y contras en torno a la minería abre debates enconados en la sociedad y las instituciones, en la mayoría de las ocasiones estériles, donde defensores y detractores del sector se limitan a posicionarse a favor o en contra con argumentos eternos sobre el desarrollo económico y el respeto medioambiental. Pero más allá de estos aspectos genéricos poco se habla en la opinión pública en relación al marco normativo regulatorio y las fuertes exigencias legales a las que se someten las empresas para iniciar o reiniciar una explotación. Este blog, para la realización de este artículo, ha consultado con expertos legales, al objeto de ofrecer una visión diferente que aporte información relevante a la ciudadanía sobre cómo se articulan legalmente estas iniciativas empresariales que siempre andan envueltas en polémica.

Imagen de PressDigital

La normativa minera que deben seguir las empresas y la Administración que valida los permisos

Por encima de todo está le Ley. Pueden haber interpretaciones, opiniones, pero la Ley está para cumplirla. Y la actual normativa que regula el desarrollo del sector de la minería en España es la Ley 22/1973, con su Reglamento (Real Decreto 2857/1978) y Real Decreto 975/2009, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras. En el ordenamiento jurídico español se traspone a la Directiva Europea 2006/21/CE del Parlamento y del Consejo, según fuentes consultadas del Derecho.

Los promotores industriales, no sólo del sector minero, sino en términos generales, como por ejemplo las empresas que quieren implantar una fábrica, construir una carretera o levantar una subestación eléctrica, tienen por encima de todo una obligación legal que cumplir que debe validar la Administración competente. En el caso de la minería son las comunidades autónomas las responsables de aprobar o paralizar los proyectos, en concreto la Consejería que gestiona los recursos públicos de los minerales de acuerdo a competencias constitucionales que recogen sus Estatutos de Autonomía. Aunque el Estado puede tener competencias plenas en determinadas circunstancias.

Fotografía de Cadena SER. La mina de uranio del municipio salmantino de Retortillo, envuelta en una enorme polémica

La Autorización Ambiental

Los proyectos mineros necesitan antes de nada la Autorización Ambiental, que según la comunidad autónoma puede exigir la Evaluación Ambiental o Declaración de Impacto Ambiental o figuras análogas. Se trata de la piedra angular para iniciar cualquier actividad, por eso en el proceso de concesión de estos permisos siempre hay debates encendidos en la opinión pública entre empresas, grupos ecologistas, asociaciones ciudadanas e instituciones.

La concesión de la Autorización Ambiental significa que el proyecto minero puede desarrollarse desde un punto de vista medioambiental. Incluso para su obtención se exigirán, llegado el caso, medidas compensatorias ambientales. Por ejemplo, en minería subterránea, si existieran murciélagos (protegidos por la normativa europea), la Administración va a poner como condición a la empresa que garantice otros sistemas alternativos a estas especies, o que las labores se realicen en temporadas y horas en las que no se moleste su descanso o reproducción.

Estas exigencias administrativas hay que enmarcarlas dentro de las directrices de la UE, que apuesta por fomentar el acceso a los recursos nacionales en los Estados miembros proporcionando el necesario equilibrio entre el medio ambiente y las políticas de desarrollo industrial. El marco institucional diseñado por Bruselas es firme, pero complejo, ya que recomienda legislar mediante una mejora del marco jurídico y el sistema de concesión de permisos, una tarea complicada cuando se lleva a la práctica porque varía en función de la realidad de cada país y región.

Para homogeneizar los derechos y las obligaciones en el sector minero dentro del marco de la UE queda mucho camino por recorrer, ya que entran en juego sensibilidades eternamente enfrentadas condicionadas por realidades geográficas muy distintas, lo que genera una burocracia apabullante que entorpece aún más la ya de por sí difícil convivencia entre la industria, la agricultura, la ganadería, la pesca y otros sectores.

Gráfico del Ministerio de Industria, publicado en el diario 20 minutos, que muestra en porcentajes del valor total la distribución de la producción minera en 2011

¿Qué exige la Administración a las empresas?

En el procedimiento ambiental de un proyecto minero se evalúa su incidencia, en líneas generales, en materia de aguas, de ahí que gran parte de las empresas mineras, a la hora de trabajar para la obtención de permisos, pongan tanto hincapié en explicar cómo se van a gestionar los recursos hídricos y qué medidas van a adoptarse para no poner en peligro arroyos, ríos, aguas subterráneas y pozos privados, el principal caballo de batalla de las denuncias de las asociaciones ecologistas.

Los recursos minerales están catalogados como bienes de dominio público, como pueden ser las playas, los ríos y los mares. La Ley de Minas, una normativa pre-constitucional que es azotada por muchos frentes porque no representa a la realidad del presente, califica no obstante a los minerales como la «riqueza del país», las materias primas necesarias para el desarrollo de las nuevas tecnologías y las infraestructuras.

Dicho esto, la legislación impone unas normas que hay que cumplir, de ahí los grandes esfuerzos de los promotores industriales para reforzar los controles y las medidas de seguridad en una actividad necesaria que debe partir sobre la base del respeto absoluto al medio ambiente.

La Ley exige a las empresas la obtención de licencias Urbanísticas y Ambientales, así como el pago de tasas públicas para el otorgamiento de las mismas, y además contrapartidas para ofrecer programas de Responsabilidad Social Corporativa para revertir beneficios en los entornos donde se asienta.

En definitiva, la minería hay que analizarla desde una perspectiva global, con argumentos sólidos, rehuyendo de extremismos, y con políticas que contribuyan a fortalecer el tejido productivo con la mirada puesta en la protección medioambiental.

La Xunta cede a la presión social y cuestiona la viabilidad de la mina de Touro

El conselleiro de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde, avanza el posible rechazo del Gobierno de Feijoó al proyecto con unas declaraciones imprecisas condicionadas al contexto electoral de las municipales de 2019

La Xunta destacó ayer en el Parlamento de Galicia, en respuesta a una interpelación de En Marea, que la reapertura del yacimiento minero por parte de las empresas Atalaya Mining, Explotaciones Gallegas y Cobre San Rafael «no es viable», aunque indica que «seguirá analizando todos los informes para pronunciarse cuando acabe la tramitación y en base a evaluaciones técnicas». Éste ha sido, hasta ahora, el pronunciamiento más directo del Gobierno de Feijoó en contra de la mina.

Las críticas vienen de En Marea, a través de su diputado, Pablo Casal, que en unas declaraciones muy duras ha denunciado que «todos los ríos que rodean la zona están contaminados», al tiempo que ha culpado a la mina de Touro, que no opera desde los años 80, de poner en peligro la «ganadería, el turismo y la pesca», y a las empresas promotoras las ha tildado de «especulativas», al tiempo que las ha criticado por presentar «deficiencias en la documentación».

De nuevo la mina de Touro en el candelero político, un proyecto que nace con el pasivo de la politización y que va a encontrar muchas dificultades con gran parte de la opinión pública en contra y la enorme presión social e institucional que tiene encima.

La Xunta tendrá que analizar toda la documentación antes de dar su veredicto, pero el pronunciamiento de ayer choca con el posicionamiento que adoptó en septiembre del año pasado, en pleno auge de las movilizaciones en contra de la iniciativa, cuando la Xunta tomó una postura más tibia, sin mojarse, aludiendo a cuestiones genéricas, y dando por hecho que la mina de Touro saldría adelante si cumple todas las «garantías ambientales, urbanísticas y económicas».

Así, el Gobierno de Feijoó, que gobierna con mayoría absoluta en el Parlamento, busca no sufrir desgaste cara a las próximas elecciones municipales de 2019, más si cabe sufriendo las embestidas diarias de 140 asociaciones, 33 ayuntamientos, dos diputaciones (A Coruña y Pontevedra) y numerosos ciudadanos.

La reapertura de la mina de Touro sigue en el ojo del huracán, víctima de la politización en el contexto del año electoral municipal que se presenta, donde entran también en juego las elecciones autonómicas de 2020.

El proyecto minero, que estima ocupar 700 hectáreas de terreno, tiene previsto una inversión de 200 millones de euros y contempla la posibilidad de generar 400 empleos directos en los que va a primar la mano de obra local.

De momento, los promotores del yacimiento han subrayado que los informes sectoriales son una oportunidad para recabar argumentos y definir parámetros para reforzar las medidas de control y seguridad, pero el proyecto va a estar ahora más politizado que nunca y sujeto en consecuencia a los continuos vaivenes de la Xunta, que va a moverse según los índices de temperatura del termómetro social.

Abel Caballero, el superviviente del PSOE

La política, como todo en esta vida, se mide por dosis. La teoría dice que si eres aspirante a gestionar los recursos públicos debes tener conciencia ciudadana, amor por el bien común, compromiso social, consistencia, preparación académica, transparencia, autocrítica, liderazgo y ser ladino.

No basta con las buenas intenciones. Para llegar alto hay que ser astuto. Alcanzar la cima de las instituciones no es fácil.

Antes hay que moverse como pez en el agua en la vida orgánica de los partidos que participan en la vida pública a través de la representación de los votantes.

Después viene la tarea más compleja: sostenerse con el paso del tiempo y aguantar las embestidas.

Abel Caballero tiene un poco de todo eso. Podría decirse que estamos ante uno de los experimentos sociológicos más extraños que se ha dado en política.

Pertenece a la vieja guardia del PSOE, esa generación de políticos que fraguó los cimientos de la democracia española en tiempos de la Transición que ahora tanto se cuestiona por la renuncia de sus próceres al romanticismo ideológico de sus orígenes.

Fue ministro con Felipe González con apenas 40 años y ahora gobierna con mayoría absoluta Vigo, la joya de la corona de Galicia.

El secreto de un buen político es la persistencia, la tenacidad. Saberse retirar de la primera línea de fuego a tiempo y guardar discreto silencio cuando toca.

Y en eso Abel se parece mucho al actual presidente del Gobierno, aunque la diferencia es que Pedro Sánchez está donde está sin ni siquiera haber pasado por las urnas.

Vigo, una ciudad mágica de las Rías Baixas que construye barcos y coches, representa con su puerto uno de los grandes motores económicos de Galicia.

Muchos ciudadanos de la ciudad olívica han olvidado la estrepitosa derrota electoral de Abel Caballero con Fraga en las autonómicas de 1997.

Tiempos difíciles para el actual alcalde, una etapa dura de hibernación en el frío invierno, días cortos que vivió en el letargo del ostracismo, pero que quizás le ayudaron a reflexionar. Porque estas crisis, si se administran bien, son ideales para el análisis y la estrategia. Sólo hay que resistir y medir los tiempos.

Tras ese batacazo, el presagio de su muerte política, Abel Caballero empezó a renacer en el año 2005, cuando asumió la Presidencia del Puerto de Vigo.

Dos años después, con el respaldo del BNG, se hizo con la Alcaldía al primer intento quitándole el bastón de mando a Corina Porro.

En 2011, el superviviente del PSOE repitió mandato con más apoyo y, poco a poco, se fue deshaciendo de la soga de los nacionalistas.

Se acercó al PP cuando tuvo que hacerlo para sacar adelante los presupuestos municipales y en 2015 barrió en las urnas con su mayoría absolutísima.

Abel Caballero, alcalde de Vigo

Abel Caballero despierta pasiones y recelos. Es único en su especie. Un político de vieja ralea astuto que lo mismo es entronizado que repudiado.

En Vigo, la mayor parte de la vecindad, a la vista está por sus éxitos electorales, siente pasión por él. Cae bien porque tiene el olfato más sensible para detectar inquietudes, preocupaciones y necesidades de la gente.

Baila en las fiestas y tiene bonita la ciudad, pero también cuida al Celta y se para a saludar a todo el mundo en la calle.

Movimientos tácticos en el PSdeG en año electoral

En el socialismo gallego corren tiempos convulsos, históricas luchas intestinas de poder que tienen dos bandos diferenciados dentro de una misma familia.

Por un lado el alcalde de Vigo, Abel Caballero; por otro, su sobrino, Gonzalo Caballero, que en 2017 fue aupado a la secretaría general del PSOE gallego, pese a no ser diputado, por Pedro Sánchez.

Fotografía de El Faro de Vigo. Abel Caballero, alcalde de Vigo, conversa con el secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero

Hasta aquí lo que ya se sabe, después hay que escavar un poco más a fondo para conocer verdaderamente las estrategias orgánicas que se van cocinando dentro del partido cara a las elecciones municipales de 2019.

La batalla del tío con el sobrino viene de lejos, pero tuvo su máximo esplendor en la confección de las listas para las autonómicas de la Xunta en 2016.

Abel Caballero quiso dar un golpe de efecto colocando a los suyos en primera línea en Pontevedra, entre otros al secretario general del PSOE de Vigo, Abel Losada, al objeto de impulsar su liderazgo con el músculo orgánico de la agrupación más numerosa y fuerte de Galicia.

El caso es que Ferraz aplicó la cirugía y colocó en puestos de salida a Patricia Vilán, portavoz en el Parlamento, y al mismo Gonzalo Caballero.

Los enfrentamientos se recrudecieron aún más después de las elecciones, en el proceso de primarias del PSOE, cuando Abel Caballero se convirtió en el principal valedor de la candidatura de Susana Díaz frente a la de Gonzalo Caballero por Pedro Sánchez.

El final ya es conocido por todos: la vuelta de Sánchez a Ferraz y su pelea persistente hasta hacerse con el control del Gobierno tras la moción de censura que mandó a Rajoy a Santa Pola gracias a un pacto con Podemos y los nacionalistas.

La victoria de Abel Caballero dentro del PSOE

Parecía, por tanto, que estaba todo en contra de Abel. Pero todo lo contrario.

Poco después de hacerse el PSOE con el Gobierno de España, con Gonzalo Caballero y los suyos frotándose las manos para empezar a negociar los nombramientos de los altos cargos del Estado en Galicia, Pedro Sánchez se reunió con el alcalde de Vigo en su condición de presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), un cargo donde hace valer el peso de su poder municipal.

El carácter institucional de esta convocatoria revela el fuerte poder de negociación de Abel Caballero dentro de un partido que gobiernan sus propios detractores, ya que un mes después, y sin mezclar su condición de presidente de la FEMP con la que ejerce como alcalde, ha conseguido lo que quería desde la isla de Vigo haciendo virar todo el programa de Ferraz en la designación de altos cargos en Galicia.

El runrún que circulaba por Galicia era una estrategia pactada entre Ferraz y el alcalde de Vigo para colocar como delegado de la Zona Franca a Abel Losada, porque así, de esta manera, el movimiento de las listas permitiría adelantar en los puestos de salida a Gonzalo Caballero, para solucionar el problema de que no tiene representación en el Parlamento y de paso ponerle la alfombra como candidato a la Xunta.

Parecía sorprendente, pero con Abel Caballero nunca se sabe, algo estaría tramando para no perder la batalla orgánica sin más, pese a mostrar toda su lealtad a Sánchez al asumir su derrota tras apostar por la candidatura fallida de Susana Díaz.

Pero el Pedro Sánchez de ahora no es el mismo que el de antes. Ha mutado. Porque no es lo mismo estar en la oposición que en el poder. Los intereses cambian una vez que has conseguido el propósito de tus objetivos.

Y ahora el delegado en la Zona Franca se llama David Regades, el hasta ahora hombre fuerte de Abel Caballero en el Ayuntamiento de Vigo.

El control de la Zona Franca garantiza músculo inversor a Abel Caballero, un dirigente político astuto que no da puntadas sin hilo.

La gente lo quiere y todo apunta a que va a revalidar su cargo en las próximas elecciones municipales con una holgada mayoría, en un contexto favorable con el declive de las Mareas en el conjunto de la comunidad en estos tiempos que parecen dar una tregua al bipartidismo.

La mina de Touro: cómo contrarrestar una campaña continua de desprestigio en un clima hostil

El yacimiento, en fase de aprobación por parte de la Xunta, recibe 1.163 informes positivos en el periodo de alegaciones mientras sigue en el ojo del huracán con un fuerte rechazo de partidos políticos, ecologistas y numerosas asociaciones de la sociedad civil

Cobre San Rafael, la empresa que gestiona los trámites para reactivar la mina de Touro y O Pino (A Coruña), está recibiendo fuertes presiones de la sociedad civil y las instituciones en general para frenar la puesta en marcha de un yacimiento que estima ocupar 700 hectáreas de terreno y al que culpan de todos los males de la contaminación mundial. La iniciativa, que supone una inversión de 200 millones de euros, contempla la posibilidad de la generación de 400 empleos directos en los que se va a primar la mano de obra local, según fuentes de la compañía.

El caso en cuestión me recuerda al del Centro de Nerva, en Huelva, que sufrió una campaña de desprestigio similar por parte de asociaciones ecologistas varias, un caso que viví muy de cerca en la anterior agencia de comunicación que trabajaba. Estamos de nuevo ante un clásico: iniciativas empresariales que abren un debate entre el desarrollo económico y el respecto medioambiental, proyectos en la mayoría de los casos que cuentan con detractores por el simple hecho de existir. Vamos a conocer un poco más sobre el fondo de la cuestión. Porque hay detalles que convienen conocer.

El proyecto Touro, un negocio rentable al calor de la subida del precio de los metales, está actualmente en esa fase burocrática de presentar informes a la administración. De momento, la Xunta ya ha avanzado que su aprobación depende del cumplimiento de todas las garantías urbanísticas, medioambientales y técnicas.

¿Qué son los informes sectoriales?

El proyecto Touro ya ha recibido 1.163 alegaciones positivas, pero en su proceso diario de contacto con los poderes públicos está trabajando para implementar mejoras partiendo de la base de un análisis riguroso de los informes preceptivos de la administración.

El periodista, en su trabajo como profesional del servicio público de una sociedad democrática, tiene por obligación ofrecer una visión completa de la información para no confundir a la opinión pública

Conviene subrayar que los famosos informes sectoriales sirven para recabar argumentos y definir parámetros que necesitan más detalles al objeto de reforzar las medidas de control y seguridad. Lo que ocurre es que en la mayoría de las ocasiones, en función de la forma en la que se cuenta una noticia, y según el nivel de interés de las filtraciones, la información puede difundirse de forma malintencionada para alertar ante la opinión pública.

Por eso el deber de los medios debe ser siempre el de contrastar y jerarquizar los datos. El orden es básico a la hora de pulir la información que llega de las fuentes, porque el periodista, en su trabajo como profesional del servicio público de una sociedad democrática, tiene por obligación ofrecer una visión completa de la información que se difunde para que la ciudadanía saque sus propias conclusiones.

¿Por qué se critica a la mina?

En el mes de junio tuvo lugar en Santiago de Compostela una manifestación multitudinaria, convocada por más de un centenar de colectivos ciudadanos, para instar a la Xunta a que no autorice la reapertura de la mina, a la que acusan, antes incluso de empezar a operar, de poner en peligro el medio ambiente porque, defienden, «va a emplear balsas con lodos altamente contaminantes que usarán elementos químicos sospechosos de causar cáncer». Al potencial contaminante que dicen que puede tener el proyecto se suman otras críticas, que básicamente se resumen en dos: «no se han evaluado suficientemente ni los riesgos que entraña la extracción del mineral ni la forma de actuar ante un eventual accidente».

Lo mejor para Cobre San Rafael es apostar por la transparencia informativa y tomarse las críticas con deportividad

Las críticas se combaten con argumentos

Es más fácil criticar que defender, pero la mejor defensa es un buen ataque cuando un detractor basa sus argumentos sin fundamento. Lo mejor, en este caso, es rehacer la imagen pública de un proyecto desde cero, apostando siempre por la transparencia informativa y una política de comunicación proactiva en los medios con programas de Responsabilidad Social Corporativa. Habrá críticas constructivas, que ayuden a mejorar, y habrá otras que escondan oscuros intereses económicos que no tengan otro ánimo que destruir. Por eso conviene saber diferenciar entre lo interesante y lo anecdótico.

Por la mesura y el consenso

La mina de Touro no va a ser la salvación de la humanidad en términos de empleo y riqueza, pero tampoco va a convertirse en el demonio contaminante que va a acabar con los ríos, los acuíferos, las tierras y los sectores económicos pesqueros.

La mina de Touro. Fotografía de El Correo Gallego

Políticas de control medioambiental

Uno de los grandes déficit de la sociedad actual es la falta de costumbre de saber escuchar. Muy pocos hablan de la restauración medioambiental que el proyecto Touro plantea poner en marcha en paralelo a la actividad de la mina a través del método de minería de transferencia, que consiste en excavar huecos mineros por fases, que se van rellenando poco a poco, según avanza el proceso, para devolver la tierra a su lugar de origen.

Es una técnica moderna para potenciar al máximo la capacidad de restauración y reducir así el impacto ambiental . Al final de la actividad se deja el terreno tal y como estaba o en mejores condiciones medioambientales.

La compañía, además, sale al paso de las críticas que recibe por parte de diversos colectivos que la acusan de poner en peligro con futuros vertidos de lodos el río de Ulla, que proporciona el principal aporte de agua dulce a la ría de Arousa.

Cobre San Rafael defiende que el proyecto va a operar en circuito cerrado, con las máximas garantías de seguridad, sin afectar a las aguas ni el medio natural, y respetando la calidad de los recursos hídricos del entorno y la protección medioambiental de los ríos y manantiales.

Me mojo y digo sí a la mina, pero con todas las garantías de control y seguridad

Envueltos en un clima hostil que no para, con toda la opinión pública en contra, yo me mojo y digo sí a la mina, pero con todas las garantías de control y seguridad.

Reforzando los controles y aprendiendo de errores antiguos, como el de la catástrofe de Aznalcóllar, una herencia que cae a plomo sobre las espaldas de las empresas que hoy día tienen la valentía de poner en marcha un proyecto de estas características.